Suiza confirmó que mantiene congelados 687 millones de francos suizos (unos USD 880 millones) en activos vinculados a Nicolás Maduro y a personas de su círculo. Esta medida preventiva está destinada a evitar la fuga de fondos bajo sospecha y preservar la integridad del sistema financiero helvético. En el fondo, es una advertencia al mundo financiero y, a la vez, una promesa a los ciudadanos venezolanos: si se confirma el origen ilícito, esos fondos no deberían quedar como trofeo inmóvil en una bóveda, sino regresar —con control y transparencia— a quien, según la versión suiza, realmente pertenece: el pueblo. El dato fue informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza a la agencia AFP y corresponde al total de activos reportados por intermediarios financieros a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales tras la entrada en vigor de la orden de congelamiento. La decisión fue adoptada por el Consejo Federal de Suiza el 5 de enero, pocos días después de la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos vinculados a narcotráfico y corrupción. El mecanismo es claro: primero se inmoviliza el dinero para impedir su salida; luego, se investiga el origen. Para una Venezuela golpeada por años de crisis y por denuncias persistentes de corrupción, la posibilidad de recuperar activos en el exterior suele presentarse como un gesto de reparación.
